Bustismos

En el día de hoy se realizaron, en La Haya, las primeras presentaciones de Argentina y Uruguay, en la denuncia que realizó Argentina contra el gobierno uruguayo, alertando que las plantas de celulosa que se están instalando en Fray Bentos ocasionarán "un daño irreversible".

En la primera audiencia ante la Corte Internacional de La Haya, fue Romina Picolotti la encargada de exponer el reclamo argentino. En su discurso, la titular del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) sostuvo que "este es un grito desesperado en defensa del Río Uruguay".

Cabe recordar que Romina Picolotti forma parte de la delegación argentina, junto con Claudia Mizawak, Juan Carlos Vega, el abogado inglés Philippe Sands, el francés Alain Pellet, Laurence Boisson de Chazournes (Ginebra) y Marcelo Kohen (argentino radicado en Suiza).

Romina Picolotti, a través del CEDHA, ha estado detrás - codo a codo, para ser justos - con el gobernador Jorge Busti, en cada una de las demandas y denuncias presentadas en organismos y entidades internacionales. Romina Picolotti no tuvo problemas (ideológicos? morales?) en acompañar al ciudadano Jorge Busti cuando éste denunció a Uruguay ante la CIDH, por "violación de los derechos humanos". También pudo acompañar y representar al gobernador (sería interesante conocer el "método" de contratación) Jorge Busti, cuando presentó una denuncia contra las plantas de celulosa ante la CFI del Banco Mundial, para intentar bloquear los préstamos del organismo financiero. Además, Romina Picolotti fue la representante legal del gobierno de Entre Ríos, cuando éste denunció penalmente a las empresas BOTNIA y ENCE por el delito de "contaminación en grado de tentativa" ante la justicia federal argentina. Denuncia que, como todos recordamos, fue desestimada hasta por la Suprema Corte de Justicia.

Juan Carlos Vega es otro de los abogados que supo sacarle el jugo a la compañía del corrupto gobernador entrerriano. Al igual que Romina Picolotti, representó a los ciudadanos Jorge Busti y Pedro Guastavino en varias demandas internacionales y, a la vez, fue contratado como abogado de la gobernación entrerriana.

Claudia Mizawak es la Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos desde hace pocos meses. ¿Su trabajo anterior? Era la abogada particular del Sr. Jorge Busti y tiene estrechos lazos con él (ver Hacete amigo del juez). Esto significa que el funcionario que debe ejercer el control de la legalidad de los actos que realiza el gobierno entrerriano tiene un estrecho vínculo con el propio gobernador de esa provincia.

Más allá de lo anecdótico, es interesante ver que la demanda judicial argentina (primera vez en la historia de este país) es llevada a cabo por un abogado inglés... justo al día siguiente en que Uruguay exigió - en la OEA - que se adopte por aclamación la resolución que defiende la soberanía de Argentina en las Islas Malvinas.

Quien ha estado en la sala de emergencias de cualquier hospital, principalmente luego de un accidente de tránsito, ha podido ver el modus operandi de los únicos profesionales que saben sacarle el jugo a las desgracias: los abogados.

Los abogados forman parte - a diferencia de los médicos, ingenieros, arquitectos, etc. - de un selecto grupo de especialistas que lucran con los problemas y conflictos de la sociedad. ¿Un violador sale libre luego de una corta visita a la cárcel? Detrás estuvo su abogado. ¿Un capo mafioso es declarado inocente gracias a una argucia legal? Detrás estuvo su abogado. ¿Una familia entera queda en la calle luego de un violento desalojo? Detrás estuvo el abogado del propietario o del propio Estado.

¿Un corrupto gobernador recorre Argentina y el mundo, presentando denuncias judiciales contra el gobierno uruguayo? Detrás están un grupo de abogados que representan, acompañan y asesoran tanto a Jorge Busti en su carácter de ciudadano común y corriente como en su carácter de gobernador de la provincia de Entre Ríos.

Las principales autoridades del CEDHA (Centro de Derechos Humanos y Ambiente) han estado codo a codo con Jorge Busti, en su cruzada contra la instalación de industrias en territorio uruguayo. Tanto su presidente, Romina Picolotti, como su director ejecutivo, Jorge Daniel Taillant, han representado y acompañado a Jorge Busti ante los juzgados argentinos, ante los organismos internacionales e incluso presentado cartas ante instituciones financieras como el Banco Mundial o diversos bancos internacionales.

El año pasado, estas múltiples y continuas denuncias eran vistas casi como irracionales, ya que todos sabían que pocas o ninguna podían llegar a prosperar. Sin embargo, estos carroñeros tienen la misma mentalidad de Jorge Busti y todos sus movimientos judiciales tenían un motivo a futuro. Haciendo un símil con el juego de ajedrez, hay ciertas estrategias iniciales (como perder a propósito una pieza importante) que sólo muestran sus frutos casi al final de la partida.

Veamos un recorrido por algunas de las tareas que han llevado a cabo este grupito de profesionales (en el arte de "embarrar la cancha") durante los últimos meses.

En la denuncia penal por "contaminación en grado de tentativa", se presentaron conjuntamente Jorge Busti, en su carácter de gobernador de Entre Ríos, Pedro Guastavino, en su carácter de vicegobernador de Entre Ríos y Romina Picolotti, en su carácter de presidente del CEDHA. Todos ellos fueron representados por los abogados Juan Carlos Vega (Mat. Fed. CSJN To. 61 f. 29) y Juan Miguel Picolotti (Mat. Fed. CSJN To. 66 f. 195).

En la presentación, en su página 5, podemos leer que "los denunciados extraerán gratuitamente recursos naturales pertenecientes a Argentina, por ejemplo, se utilizarán diariamente 86.000 m3 de agua del Río Uruguay". Por lo visto, estos abogados parten de una de estas dos premisas: las plantas de celulosa tomarán el agua desde las costas argentinas (utilizando un largo caño) o todo el río Uruguay es argentino.

Esta denuncia penal fue desestimada en primera instancia por el juez federal Quadrini, luego por la Suprema Corte de Justicia y, hace pocos días, por el Tribunal de Apelaciones.

En la reclamación que presentaron ante el Ombudsman y Asesor en Materia de Cumplimiento del Banco Mundial, el CEDHA representó a Jorge Busti en su carácter de gobernador de Entre Ríos. Esta presentación fue firmada por Jorge Daniel Taillant y cuenta con errores técnicos gravísimos, incluyendo la ya famosa frase (en la página 12) "el proyecto Botnia desechará 29 kilogramos de dioxinas por día".

Cabe recordar que esta reclamación, realizada por Jorge Busti como "funcionario público", fue apoyada en todo momento por el gobierno nacional argentino.

En la denuncia contra el Estado de Uruguay por violación de los Derechos Humanos, los ciudadanos argentinos Jorge Busti y Pedro Guastavino fueron representados por Juan Carlos Vega (Servicio Argentino de Derechos Humanos, SADH) y por Romina Picolotti (Centro de Derechos Humanos y Ambiente, CEDHA).

Esta presentación fue realizada en forma personal por los mencionados y no fue apoyada ni por organizaciones sociales uruguayas ni por el gobierno nacional argentino. En la misma, Jorge Busti y Pedro Guastavino denunciaron a Uruguay por los delitos de violación a: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, los derechos del niño, protección judicial, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad de la persona, el derecho a la protección de la maternidad e infancia, el derecho a la preservación de la salud y el bienestar, etc., etc., etc.

En la página 19 de la denuncia, podemos encontrar, otra vez!, la referencia a las dioxinas, indicando que "con los datos propios del IAR (Impacto Ambiental –Resumen) hemos calculado que se pueden estar enviando 29 Kg. de Dioxinas por día al Río."

Esta denuncia contra el estado uruguayo (es decir: contra todos los uruguayos) muestra claramente que el objetivo principal de Jorge Busti y su banda no está limitado a la instalación de dos plantas de celulosa frente a las costas entrerrianas, sino que ha buscado la confrontación directa con los uruguayos para echar leña en el conflicto.

Por otra parte, esta serie de denuncias a nivel nacional e internacional, les sirvieron de base a esta banda delictiva para sentar las bases y poder así presentar fundamentos legales en las reclamaciones que posteriormente realizaron ante organismos de crédito internacionales.

Es decir, durante varios meses generaron varias demandas judiciales, para luego así poder utilizarlas como método de presión ante el BBVA de España y el ING de Holanda, así como también ante cualquier entidad financiera que "ose" evaluar la posibilidad de otorgar un crédito a las plantas de celulosa de Uruguay.

La presentación ante la CFI del Banco Mundial hizo agua por todos lados, a pesar de las declaraciones triunfantes que realizaba Jorge Busti a mediados del año pasado, cuando pronosticaba un respaldo total del Banco Mundial a la postura argentina.

La denuncia ante la CIDH, con una medida cautelar para suspender en forma inmediata la construcción de las plantas de celulosa, sigue sin avanzar, a pesar que ya pasaron ocho largos meses de su presentación.

La demanda penal presentada en juzgados federales argentinos ha sido desestimada en primera instancia, en la Suprema Corte de Justicia y en la apelación presentada por el gobernador entrerriano.

Sin embargo, estas tres denuncias siguen siendo utilizadas por Jorge Busti y su grupo de buitres carroñeros para presionar a a la banca internacional y así intentar bloquear los préstamos a Botnia y Ence.

Sería bueno que se comience a investigar las relaciones comerciales que existen entre Romina Picolloti, Juan Miguel Picolotti y Juan Carlos Vega con Jorge Busti, ya que no sólo han representado a este último en su carácter de ciudadano, sino que también lo han hecho en su carácter de gobernador de Entre Ríos. Además, según propias declaraciones de Jorge Busti, este grupo de profesionales actúan como asesores legales de la Provincia de Entre Ríos.

¿Puede presentar la gobernación entrerriana documentación que respalde las contrataciones realizadas con estos abogados y asociaciones? ¿Se realizó un concurso previo para estudiar los antecedentes de cada uno? ¿No es mucha casualidad que los mismos abogados que representan al ciudadano Jorge Busti también representen al gobernador Jorge Busti?

De mi parte, mis más sinceras felicitaciones a Romina Picolotti y Juan Carlos Vega, las únicas personas que realmente se han visto beneficiadas por el conflicto internacional que ha dividido a dos países hermanos. Como abogados, 10 puntos. Como seres humanos, 0 puntos.

Meses atrás, el gobernador enterriano Jorge Busti se presentó ante la justicia federal para que ésta prohíba el paso de transportes hacia Botnia o Ence por territorio argentino y acusó a los directivos de estas empresas por "contaminación en grado de tentativa".

En su momento, el juez Quadrini se declaró incompetente y el caso fue enviado a estudio de la Corte Suprema de Justicia. Luego de varios días, los jueces dictaminaron que ni siquiera esta corte puede investigar posibles delitos cometidos fuera del territorio argentino, por lo que la causa regresó al despacho del juez federal.

El juez Quadrini entendió que el pedido de Jorge Busti no podía ser realizado a través de la justicia argentina y que, a su entender, requería de una medida aduanera.

Ignorando completamente la legislación vigente, Jorge Busti apeló el fallo y la causa recaló en la Cámara Federal de Apelaciones.

Juan Carlos Vega, uno de los abogados que asesora al gobernador entrerriano en el tema plantas de celulosa, solicitó que se realice una comunicación, a través de oficios internacionales, a toda la red de bancos multilaterales y privados que financian o que van a financiar las plantas de celulosa para que estén informados que las empresas están siendo "investigadas" por delitos criminales.

Una astuta medida del abogado del gobernador entrerriano, que quiso aprovechar una ridícula denuncia penal, ya rechazada en primera instancia por el juez federal y la Suprema Corte de Justicia, para intentar ejercer presión sobre los organismos de crédito.

Lamentablemente, para Jorge Busti, sus abogados y los asambleístas, el Tribunal, integrado por Guillermo Enderle, Gabriel Chausovsky y Aníbal Ríos, sostuvo que "en el estado actual de la causa no existe verosimilitud en el derecho que habilite la medida cautelar solicitada, dado que los elementos aportados no permiten un juicio de probabilidad sobre la existencia de un hecho caracterizado como tentativa de delito".

¿En español? Jorge Busti no pudo aportar una sóla prueba válida que permita suponer que el paso de camiones hacia Botnia o Ence pueda ser catalogado como un delito.

Estas visitas periódicas a la justicia argentina que realiza Jorge Busti (con dinero de las arcas provinciales) sólo tienen dos ganadores, sea cual sea el dictamen judicial:

Juan Carlos Vega y Romina Picolotti, ambos ganadores del río revuelto en que se ha convertido el conflicto.

Uruguay está intentando desde hace varias semanas que el debate sobre la legalidad o no de los cortes de ruta, que llevan adelante un grupo de prepotentes burgueses entrerrianos - al mejor estilo yankee - en contra de nuestro pequeño país, se resuelva en el Mercosur.

Lamentablemente, la solicitud uruguaya de convocar al Consejo del Mercosur debe ser atendida por el país que actúa como presidente, es decir, Argentina. El presidente de este país, Néstor Kirchner (ex-menemista, ahora "transversalista"), anunció varias veces que no estaba dispuesto a resolver el conflicto provocado por el bloqueo económico dentro del Mercosur. Desde ya que esto es entendible, dado que Argentina sabe de antemano que en el Mercosur su intransigente postura tendría tres votos negativos: Uruguay, Brasil y Paraguay. Dada la típica incoherencia argentina, hasta es probable que hasta Argentina termine votando en contra de... Argentina.

Sin embargo, es posible que la postura del presidente argentino haya cambiado, luego de varias sugerencias realizadas por sus asesores, y se espera que en los próximos días, tras el feriado de Semana de Turismo, convoque a los ministros de Economía y Relaciones Exteriores de los cuatro países integrantes del Mercosur (más Venezuela) para que sesionen en el ámbito del Consejo del Mercosur y tomen una decisión sobre la legalidad o no de los cortes de ruta que llevan adelante los asambleistas entrerrianos. En caso de ser considerados ilegales, es decir, que se confirme que están violando el artículo 1º del Tratado de Asunción (el que establece la libre circulación de bienes y personas en la región), el Consejo del Mercosur podrá definir las medidas que deberán aplicarse a Argentina.

El gobierno uruguayo ha estimado las pérdidas económicas causadas por los asambleistas en el orden de los U$S 400 millones. Esta cifra se vería incrementada en U$S 200 millones adicionales, dado el perjuicio que los cortes de ruta han generado durante la Semana de Turismo.

Los cortes de ruta que llevan adelante los asambleistas, tanto de Gualeguaychú como de Colón, muestran claramente que detrás de una propuesta "ecologista" y "ambientalista" se esconden los verdaderos promotores del bloqueo contra Uruguay: los empresarios del sector turístico de Entre Ríos. Los bloqueos contra Uruguay se han realizado justamente en el período en que nuestro país recibe el mayor caudal de turistas argentinos. Luego de afectar la temporada veraniega uruguaya, los ambientalistas decidieron levantar el corte de ruta. Ahora que ya perjudicaron a Uruguay durante la Semana de Turismo, es muy probable que en esta semana - o en la próxima - decidan nuevamente levantar este nuevo corte de ruta.

A nivel nacional, el presidente argentino intenta - al igual que lo hizo su profesor Carlos Menem - contar con una justicia adicta. Nada de extraño tiene esto, todos los gobiernos corruptos utilizan este método para evitar que se investigue imparcialmente los chanchullos que realizan.

Néstor Kirchner fue modificando la composición de la Suprema Corte de Justicia, hasta adaptarla a sus necesidades. También forzó varias reformas del Consejo de la Magistratura, para que la clase política cuente con una mejor representación. Ante los reclamos de decenas de organizaciones sociales y profesionales, oídos sordos y acusaciones sin sentido.

¿Y por Entre Ríos, como andamos?

Actualmente, de los nueve miembros que integran el Tribunal Superior de Justicia, seis son considerados como afines al gobernador Jorge Busti. Uno de los tres restantes, el ex- juez federal Juan José Papetti (nombrado por el ex-gobernador Sergio Montiel), cumplió la edad para jubilarse.

Es por eso que Jorge Busti está buscando reemplazante. Y, para un gobernador corrupto, que mejor candidato uno que es "bien del palo" bustista. Según varios medios de prensa entrerrianos, la candidata sería Claudia Mizawak, una funcionaria provincial, a quien todos sindican como de extrecha relación con Jorge Busti.

De ser así, siete de nueve miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Entre Ríos serán adictos incondicionales del gobernador.

¿Corrupción en Entre Ríos? ¿Cuándo? ¿Dónde?

No hay caso. Jorge Busti va quemando cartucho tras cartucho pero no se da por vencido.

Presentó una demanda judicial en contra de los directivos de las empresas BOTNIA y ENCE por "contaminación en grado de tentativa". Una locura, ya que la justicia no puede procesar a un ciudadano porque "se supone" que va a cometer un delito "en el futuro". En la crónica roja se puede ver muchas veces la frase "robo en grado de tentativa", pero se usa cuando al chorro lo agarraron DESPUES de afanar, no mientras estaba en su casa pensando si esa noche salía de escruche o se quedaba viendo la tele con la patrona.

Igualmente, parece que ese día Jorge Busti se había copado con el DVD de Minority Report y creyó que podía ser Tom Cruise por un rato. Es así que se presentó ante la justicia para entablar una demanda en contra de un futuro delito que podrían cometer las plantas uruguayas en contra de los indefensos ciudadanos entrerrianos.

El fiscal hizo lugar a la presentación del gobernador entrerriano y la demanda quedó en las manos del juez federal Guillermo Quadrini. Loco de la vida, Jorge Busti ya veía un triunfo judicial en puerta.

Duró poco el festejo. El juez federal se declara incompetente (obvio... es un juez argentino...) y luego de aceptar a la gobernación entrerriana como querellante, envía la demanda a la Corte Suprema de Justicia. Jorge Busti ve en esto un motivo más para salir en la tele porteña y dice que el pase a la Corte Suprema "era lo mejor", más ahora que la propia gobernación era querellante.

Otra vez, otro festejo duró poco rato. El dictamen del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, analizó la demanda e indicó que la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para analizarla. Primero, la inclusión de la gobernación entrerriana era irrelevante y después, la Corte Suprema de Justicia no puede investigar posibles delitos cometidos fuera del territorio argentino.

La demanda volvió a las manos del juez federal Guillermo Quadrini. Por supuesto, Jorge Busti y su abogada dijeron que "era lo mejor".

¿Lo "mejor" para qué? ¿Para seguir estirando el conflicto internacional como si fuera un chicle? ¿Para seguir afanando minutos televisivos y así plantearse como un candidato reconocible a nivel nacional en las próximas elecciones, ahora que el gobernador entrerriano está buscando la posibilidad de ser reelecto?

Ya lo dijo el juez federal: un juez federal no puede investigar posibles delitos cometidos fuera del territorio nacional. Y también pasó lo mismo en la Corte Suprema de Justicia. El envío de la demanda al juez federal sólo es un paso antes de su archivo, no se le exige al Guillermo Quadrini que comience a investigar.

La movida de Jorge Busti fue inteligente y sirvió para tapar un enorme agujero que había en las presentaciones judiciales presentadas a nivel internacional. Para demandar a Uruguay ante la CIDH, la OEA o la Corte Internacional de La Haya se debía primero agotar los recursos judiciales a nivel nacional.

Como siempre, en el reino del revés, primero se demanda a Uruguay a nivel internacional y luego se intenta utilizar el camino local.

Hace unos días se podía ver al Jorge Busti festejando porque la fiscalía había hecho lugar a la denuncia penal que el gobernador menemista (junto con su fiel escudero, el vicegobernador Pedro Guastavino) había presentado a la justicia federal el 19 de enero pasado, denunciando a directivos de BOTNIA y ENCE por "contaminación en grado de tentativa" del "agua, suelo y aire, con riesgo para la salud" (1).

La denuncia penal incluía una petición - con carácter de urgencia - para que se ordene a la Dirección General de Aduanas que se prohiba el ingreso o egreso de todo transporte de carga con insumos destinados a la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos.

Además, para dejar bien en claro quien es el que realmente lleva la voz cantante en las relaciones internacionales de Argentina, Jorge Busti agregó en la denuncia que "...queda demostrado que la etapa diplomática ha concluido" (2).

Cuando la fiscalía pidió al juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, que inicie una investigación, el gobernador entrerriano se agrandó aún más. Y su ego se acrecentó cuando el juez federal aceptó en calidad de querellante al gobierno provincial.

Sin embargo, según algunos medios de prensa argentinos, el juez Guillermo Quadrini se declararía incompetente y le pasaría la pelota a la Suprema Corte de Justicia (3). La fundamentación de esta decisión se basaría en la naturaleza internacional del conflicto, ya que para el juez se trata de un conflicto "entre países", por lo que no entraría en su juridicción.

¿Positivo? ¿Negativo? El pase a la Suprema Corte Kirchnerista estaba cantado. Por más que la justicia en Entre Ríos esté copada por el poder político provincial, era imposible que un juez pudiera investigar en un conflicto internacional. El paso más lógico era que la demanda presentada por un gobernador kirchnerista sea investigada por una corte imparcial... kirchnerista.

Tomando como ejemplo lo que hizo su mentor, Carlos Menem, Mr. K fue reformando la constitución de la Suprema Corte para que se fuera adaptando a sus necesidades.

No se necesitan muchas luces para pronosticar cual sería el dictamen de la corte kirchnerista, si tomamos en cuenta que gobierno argentino apoyó la demanda que presentó Jorge Busti ante el ombudsman de la CFI el año pasado, exigió a Uruguay que paralice las obras de las plantas de celulosa, no movió un dedo para evitar las continuas violaciones a los tratados del Mercosur por parte de los asambleistas y comunicó a los delegados de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú que iba a hacer todo lo posible para que la Dirección General de Aduanas vea como evitar que los camiones chilenos que llevan insumos para las plantas de celulosa uruguayas pasen por territorio argentino.

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Links

(1) Entre Ríos pidió que no se deje entrar ni salir camiones
Diario de Cuyo

(2) Busti salió nuevamente al ruedo: "terminó la etapa diplomática"
Diario Observa

(3) Papeleras: El Juez Quadrini se declararía incompetente
APF Digital

Uruguay dijo el miércoles que llevará el conflicto con Argentina por la construcción de dos plantas de celulosa a un tribunal del bloque Mercosur.

Argentina alega que las papeleras contaminarán el río que divide las dos naciones y que el gobierno de Tabaré Vázquez no entregó toda la información solicitada sobre el impacto ambiental del emprendimiento.

A los roces diplomáticos se sumó la acción de ambientalistas y vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú, que bloquean carreteras e impiden el paso de vehículos desde y hacia Uruguay. También detienen camiones con piezas para las papeleras.

"Vamos a llevar al Mercosur las acciones de Argentina contra Uruguay, cuestionando los cortes de rutas y poniendo en tela de juicio las acusaciones argentinas", dijo el viceministro de Medio Ambiente, Jaime Igorra.

"Con esa decisión queremos mostrar nuestro compromiso con la región y con el Mercosur", añadió el funcionario, quien también explicó que la medida será tomada "en breve".